fbpx

El fiscal pide cárcel para el empresario Victorino Alonso por explotar sin permisos una cantera en una zona protegida de León

El conocido como rey del carbón, Victorino Alonso, se sentará hoy en el banquillo de los acusados por haber explotado entre 1995 y 2008 una mina ilegal en un paraje protegido del municipio de Villablino (León). Se sentará si no hay un nuevo e inesperado retraso; 18 años se ha tardado en celebrar este juicio contra Alonso por delito medioambiental. El empresario se enfrenta a la petición de la Fiscalía de ocho años y tres meses de prisión.

“Ausencia de licencia municipal de apertura. Ausencia de licencia urbanística municipal. Ausencia de declaración de impacto ambiental. Ausencia de autorización para el uso excepcional de suelo rústico…”. El fiscal del caso, Ismael Tascón, repasa en el escrito de acusación los permisos con los que debería haber contado la mina de 210 hectáreas de El Feixolín. No tenía ninguno. Pero eso no impidió que esta explotación de carbón a cielo abierto, además de comerse una montaña protegida a golpe de dinamita, funcionara durante 13 años, hasta que fue clausurada en 2008 por orden judicial.

El caso, un símbolo de la destrucción impune de paisajes únicos y protegidos, arrancó en 2001, cuando se interpuso la primera denuncia contra el empresario por esta explotación ilegal. Una década más tarde, en 2011, y con aquella denuncia aún sin resolver en los juzgados, España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la UE. Además de ese fallo, varias resoluciones administrativas y sentencias han acreditado durante este tiempo la ilegalidad de la explotación de Villablino. Pero la instrucción de la causa contra Alonso por delito ambiental ha sufrido innumerables retrasos, el último —por una cuestión formal— en septiembre pasado, cuando debía haber arrancado la vista oral que hoy se abre en la Audiencia Provincial de León.

La Fiscalía acusa de delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio a Alonso, que explotó la cantera a través de dos de sus empresas, Minero Siderúrgica de Ponferrada y Coto Minero Cantábrico. Por los mismos delitos se sienta en el banquillo el apoderado de ambas sociedades, José Tascón, para el que se piden también ocho años y tres meses de prisión. Además, el ministerio público solicita 15 meses de cárcel por prevaricación urbanística para Guillermo Murias Andonegui, el exalcalde de IU de Villablino que permitió que operara la mina.

“Puede que haya una condena, pero alegará que es insolvente o dilaciones indebidas y luego irá al Tribunal Supremo… Yo me moriré antes de ver el final”, dice con una mezcla de resignación y de cabreo Antonio Arias Tronco, vecino de Villablino, sobre el futuro judicial del rey del carbón. Arias Tronco, hostelero hoy jubilado, inició hace dos décadas la batalla contra la mina ilegal, que está junto a una finca de su propiedad. Él, según recuerda en el escrito el fiscal, lanzó “múltiples y variadas advertencias” sobre la ilegalidad de la explotación, que el exregidor del pueblo ignoró. “La mina no tenía ni solicitada la licencia”, lamenta Arias Tronco.

Recurrir a esa declaración de insolvencia —como teme Arias Tronco que pueda volver a hacer— es lo que ha hecho recientemente Alonso para evitar pagar la sanción de 25,5 millones a la que fue condenado por destrozar un yacimiento prehistórico en Aragón. Por esos hechos fue condenado a dos años de prisión, aunque tampoco ha entrado en la cárcel al carecer de penas anteriores. Algo que podría cambiar tras el juicio de El Feixolín.

Atentado ambiental

El caso de El Feixolín va más allá de una explotación sin permisos. “Es un atentado ambiental continuado”, dice David Hammerstein. Este exparlamentario europeo de Los Verdes ejerce a través del abogado Jorge González Lage la acusación popular. Hammerstein incide en el “impacto tremendo” generado “sobre algunas de las especies más protegidas de la UE, como el oso pardo y el urogallo”. En la misma línea el fiscal recuerda en su escrito que la explotación se encontraba “en pleno espacio natural Alto Sil y en la Red Natura 2000”, además de estar declarada la zona del Valle de Laciana como Reserva de la Biosfera.

Hammerstein critica la pasividad de todas las Administraciones —central, autonómica y local— ante este “atentado ambiental”. Pero resalta como positiva la actuación de las autoridades europeas. “Es un ejemplo de cómo la justicia europea y la política europea actúan para proteger los espacios naturales”, señala. La Comisión Europea denunció la inacción ante las minas de carbón a cielo abierto del Alto Sil y el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por permitir esas canteras y no evitar el daño medioambiental.

Aquella sentencia de 2011 hacía referencia a la mina de Feixolín y a otras cuatro más. “Si no hubiera existido la UE, estaría todo arrasado”, apunta Víctor Rodríguez, exminero y fundador de la asociación conservacionista Filón Verde. Esta organización batalló durante años contra Alonso y otros empresarios por las minas a cielo abierto. Y consiguió paralizar algunos de los proyectos que habrían degradado aún más esta zona. “Este hombre [Alonso] se ha llevado todas las subvenciones y nos ha dejado la destrucción”, se queja Rodríguez, quien recuerda que las restauraciones de canteras que se han podido hacer se han costeado con fondos públicos.

Tanto Rodríguez como Hammerstein critican el modelo de ayudas a la minería que se ha desarrollado en España en las últimas décadas. “Se estuvo apostando por una actividad económica anacrónica, que no tenía futuro”, lamenta Hammerstein. Rodríguez critica también que esos multimillonarios fondos no sirvieran para crear alternativas. “Ha habido tiempo y dinero para cambiar. Aquí llevábamos con la transición 20 años”, zanja este antiguo minero y ecologista.

SANCIONES QUE SE QUEDARON EN NADA

En el escrito de la Fiscalía se repasan algunos de los expedientes sancionadores impuestos por la Junta de Castilla y León contra la explotación ilegal de Villablino. En total, suman casi un millón de euros y certifican que la mina de carbón no contaba ni con licencias ni con declaración de impacto ambiental.

El fiscal, además, recuerda que también existe una sentencia de lo contencioso-administrativo que declara que la cantera nunca podrá legalizarse al estar en un lugar de especial protección.

Al margen de estas actuaciones, en 2006 —cuando la justicia ya había acreditado que la mina era ilegal— el alcalde que será juzgado ahora por prevaricación, Guillermo Murias, anunció una sanción de 170 millones de euros contra las empresas de Victorino Alonso. Luego la rebajó hasta los 129 millones, que era lo que calculaba el Consistorio que había logrado de beneficio el empresario con la explotación del yacimiento entre 1995 y 2006. Alonso recurrió —y siguió sacando carbón de la mina dos años más— y la justicia dejó en nada aquella multimillonaria multa. Un juez de León la rebajó hasta los 800.000 euros.

Tomado de: www.elpais.com