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La Comisión Europea advierte a España de que no está haciendo lo suficiente ante esta “grave” situación
Bruselas no tiene solo hombres de negro para vigilar que los miembros de la Unión Europea cumplan con los objetivos de déficit y las reformas de la Administración. La Comisión dispone de un cuerpo de hombres de verde que está pendiente de que las normas medioambientales y de salud pública se respeten.

Esos ecoinspectores tienen a España sentada en “la sala de espera” para decidir si denuncian al país ante el Tribunal de Justicia de la UE, según explican fuentes comunitarias. Y los datos que llegan desde las estaciones de control de la contaminación no son buenos, por lo que Bruselas exige ahora que se pongan en marchas medidas adicionales ante esta “grave” situación.

Al frente de los hombres de verde está el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, que acaba de enviar al Gobierno español una carta en la que le advierte de que la evolución de los datos de polución no es la adecuada. Apunta a que no se va a cumplir con la directiva europea que fija los límites de concentración de los contaminantes más comunes. Los problemas se centran en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona, donde se llevan rebasando los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) desde hace casi una década.

La carta llega en un momento crítico en el que el debate sobre la contaminación está más presente que nunca. Por un lado, Cataluña acaba de salir de un nuevo episodio de alta contaminación y el área metropolitana de Barcelona se prepara para aplicar en poco más de cinco meses una zona de bajas emisiones –de 95 kilómetros cuadrados de superficie de cinco municipios– que vetará a los coches más contaminantes. Mientras, la reversión de Madrid Central, la zona de bajas emisiones que puso en marcha el equipo de Manuela Carmena para el área más céntrica de la ciudad, ha desencadenado una protesta ciudadana sin precedentes liderada por asociaciones de vecinos y ecologistas. De momento, Greenpeace y Ecologistas en Acción han logrado que un juzgado madrileño paralice la moratoria que había aprobado el nuevo Ayuntamiento, gobernado por PP y Ciudadanos gracias al apoyo de Vox, y que suponía eliminar las multas durante al menos tres meses.

En la carta del comisario se advierte de que todos los niveles de la Administración –nacional, regional y local– “deben movilizarse y contribuir” con “medidas” para mejorar la calidad del aire. Señala que las evaluaciones de su equipo apuntan a que los planes existentes en España no serán suficientes para cumplir con los límites legales. Aunque no cita explícitamente a Madrid y Barcelona, sí alude a los incumplimientos que se dan en España de los niveles legales de dióxido de nitrógeno. Y esos incumplimientos se concentran en dos zonas de España: Madrid y el área metropolitana de Barcelona.

La amenaza de una condena (que podría acabar en multas millonarias como la que ya se paga por no depurar bien sus aguas residuales) está sobre la mesa. Aunque Bruselas decidió aparcar en 2018 ese expediente tras escuchar a las autoridades nacionales y locales y comprobar que ambas ciudades habían puesto en marcha planes contra la contaminación.

En enero de aquel año, la Comisión intentó dar un giro más político a este problema y convocó una cumbre de ministros de medio ambiente para abordar el “incumplimiento contumaz de la norma de calidad del aire” de la mayoría de Estados de la UE. Nueve países fueron conminados a presentar planes de choque contra la polución. Unos meses después Bruselas decidió que en seis casos –entre los que figuran Alemania, Francia, Italia y Reino Unido– no había otra opción que la denuncia. A otros tres países –España, República Checa y Eslovaquia– se les dejó en esa “sala de espera” y se les advirtió de que en 2020 se tendrían que respetar los límites de la directiva europea de calidad del aire de una vez. El martes el equipo del comisario Vella se reunió con los representantes de República Checa y Eslovaquia y, en paralelo, se envió el escrito de advertencia a España. La carta, en caso de que se presente la demanda, servirá para reforzar la posición de Bruselas.

Multas

El comisario apunta en su misiva a que “parece que las medidas anunciadas y tomadas hasta ahora no son suficientes” para acabar con los incumplimientos de la directiva. Por lo que pide más actuaciones por parte de todos los niveles de la Administración. El Ministerio para la Transición Ecológica envió a Bruselas hace unas semanas el informe de calidad del aire de 2018. En ese documento, que debe remitir anualmente, el Gobierno admite que los incumplimientos de los límites de NO2 –un contaminante del que los vehículos de combustión son los principales responsables– se siguen produciendo en Madrid y la zona de Barcelona.

El Ministerio para la Transición Ecológica, al que va dirigida la misiva, ha informado de que ha remitido el escrito “a las autoridades madrileñas y catalanas”. El ministerio ha insistido también en que se deben tomar medidas adicionales para proteger la salud pública y para evitar “que el país afronte una posible multa por parte del Tribunal de Justicia de la UE”. Este tribunal a quien sanciona es al Estado, pero España cuenta con herramientas legales para trasladar esas multas a las Administraciones que no cumplan, en este caso, el Ayuntamiento madrileño y la Generalitat. La ministra Teresa Ribera ha urgido también a “tomar medidas adicionales y complementarias” y ha invitado a Madrid y Barcelona a “trabajar conjuntamente”.

MADRID CENTRAL, UN PLAN QUE FUNCIONA, SEGÚN EL MINISTERIO

Madrid Central entró en vigor completamente en primavera y, aunque no hay una serie histórica para poder comparar bien, las ONG ecologistas han presentado varios informes argumentando que ha reducido los niveles de contaminación generales. En cambio, el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos ha argumentado justo lo contrario. El Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado los datos de abril, mayo y junio de 2019 y los ha comparado con los de 2018, añadiendo la variable de las lluvias. El ministerio zanja: “Aunque son necesarias series más largas de datos, la conclusión más clara que puede extraerse de estos datos es que Madrid Central funciona, a pesar de que la meteorología no haya ayudado en nada”.

UNA GRAN ZONA DE BAJAS EMISIONES NO OPERATIVA PARA BARCELONA

El gobierno de la alcaldesa Ada Colau defiende medidas “valientes” para luchar contra la contaminación vinculada a la muerte prematura de 3.500 personas al año en Barcelona y los 35 municipios de su entorno. Además de carriles bici o reducción de la velocidad en las calles, la principal medida de la que presume Colau es la zona de bajas emisiones: 95 kilómetros cuadrados (el perímetro de las rondas de la ciudad) donde a partir del 1 de enero de 2020 no podrán circular los vehículos que no tienen etiqueta ambiental de la DGT. Expertos y ecologistas reprochan que todavía no esté operativa. Este martes, Colau ha respondido a la UE que “debe utilizar todas las acciones posibles” y además de las sanciones apostó por “cambios legislativos”.

Tomado de: elpais.com